Un órgano consultor de la Comunidad de Madrid edita un documento que cuestiona la integridad de las víctimas.
“Está el interrogante de si con las ayudas públicas se está motivando a que las mujeres, en vez de esforzarse por conseguir un mejor empleo, una mejor remuneración o mejores condiciones laborales, prefieran ser víctimas de violencia de género para así obtener todos los mencionados beneficios con menor esfuerzo”. Frases como ésta aparecen en un documento de trabajo, editado hace unos días por el Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad de Madrid, que analiza el tratamiento de la violencia machista en España y en la región madrileña.
Ya desde la introducción, el documento describe: “Sin perjuicio de la percepción de la opinión pública al respecto, los indicadores de este tipo de violencia nos dicen que las cifras no son tan alarmantes como se pensaba inicialmente”. Para realizar estas afirmaciones, el informe compara las muertes por violencia machista con respecto a los homicidios en general, que entre los años 2000 y 2005 supusieron un porcentaje del alrededor del 5%.
Alarma social creada
A la vista de estas cifras, el documento afirma: “El tratamiento que se le ha prestado [a la violencia de género] no va en razón de un aumento considerable de las cifras con respecto al total de homicidios (...), sino más bien por la alarma social causada por los medios de comunicación y la consiguiente atención de los políticos de turno”.
La autora del documento es Tatiana Torrejón Cuéllar que, según consta en la publicación, tiene un Máster en Derecho, Economía y Políticas Públicas del Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Complutense. Cuenta con el apoyo del propio presidente del CES, Francisco Cabrillo, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid y profesor del máster que cursó la autora. La primera anotación que aparece a pie de página es un agradecimiento a Cabrillo “por los comentarios y la revisión” del documento.
Víctimas fingidas
El escrito critica que ni la Ley Órganica contra la Violencia de Género ni la propia normativa de la Comunidad de Madrid contemplen una sentencia condenatoria para que las víctimas accedan a las ayudas. La razón: “Puede generar incentivos perversos: que las supuestas víctimas finjan serlo para beneficiarse de una ayuda económica”.
“El documento es una absoluta irresponsabilidad porque no sólo cuestiona la integridad de las víctimas, sino que las considera unas privilegiadas por recibir ayudas”, puntualiza Elvira Sánchez, una de las representantes de CCOO en el CES. El sindicato, junto con UGT, ha enviado una carta al presidente exigiendo la retirada del documento y una explicación pública de Francisco Cabrillo para saber los motivos “que le han llevado a decidir su publicación”.Desde el Consejo, respondieron que “simplemente” se trata de un documento de trabajo y se negaron a hacer más declaraciones.
Fuentes de la Comunidad de Madrid (el CES se financia con los presupuestos regionales) señalaron que el organismo actúa de forma independiente. “Es un trabajo firmado a título individual que no tiene el aval de la Comunidad de Madrid”, añadieron.
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